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LA FISCALIA , LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN , SU EFICIENCIA FRENTE A LA INDEPENDENCIA JUDICIAL

LA FISCALIA , LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN , SU EFICIENCIA FRENTE A LA INDEPENDENCIA JUDICIAL

Tráfico de influencias COIP

Art. 285.- Tráfico de influencias.- Las o los servidores públicos, y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, enumeradas en la Constitución de la República, prevaliéndose de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica, ejerza influencia en otra u otro servidor para obtener un acto o resolución favorable a sus intereses o de terceros, serán sancionados con pena privativa de libertad de tres a cinco años…

Suspensión condicional de la pena COIP

Art. 630.- Suspensión condicional de la pena.- La ejecución de la pena privativa de libertad impuesta en sentencia de primera instancia, se podrá suspender a petición de parte en la misma audiencia de juicio o dentro de las veinticuatro horas posteriores,

Delito de Peculado COIP

COIP .ART 278 Las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas en la Constitución de la República, en beneficio propio o de terceros; abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados, efectos que los representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud o razón de su cargo, serán sancionados con pena privativa de libertad de diez a trece años.

Si los sujetos descritos en el primer inciso utilizan, en beneficio propio o de terceras personas, trabajadores remunerados por el Estado o por las entidades del sector público o bienes del sector público, cuando esto signifique lucro o incremento patrimonial, serán sancionados con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

Constitución Art 77

1. La privación de la libertad no será la regla general y se aplicará para garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso

Enriquecimiento ilícito COIP

Art. 279.- Enriquecimiento ilícito.- Las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas en la Constitución de la República, que hayan obtenido para sí o para terceros un incremento patrimonial injustificado a su nombre o mediante persona interpuesta, producto de su cargo o función, superior a cuatrocientos salarios básicos unificados del trabajador en general, serán sancionados con pena privativa de libertad de siete a diez años.

CASO PREFECTO DEL GUAYAS

Se puede afirmar que las medidas cautelares son las herramientas legales de las cuales el proceso penal se sirve para cumplir con su fin que es la realización de la Justicia y la reparación integral de la víctima las mismas que tienen que imponerse respetando los Instrumentos internacionales de DDHH la Constitución y la ley ; la Constitución de la República del Ecuador en el número 1 del artículo 77 establece “La privación de la libertad no será la regla general y se aplicará para garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso, el derecho de la víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y para asegurar el cumplimiento de la pena…” (El resaltado me pertenece).
Sin necesidad de abordar que la Prisión preventiva debe ser dictada de última ratio , tal como lo ordenan todos los instrumentos internacionales de Derechos humanos, sentencias de la CIDH, las más altas cortes de América, Europa y la corte Constitucional del Ecuador.
El día de hoy con mucho temor he podido observar a nuestra Fiscal General de la Nación en declaración a la prensa en el cual afirmó “que el sistema de justicia es un engranaje formado por Fiscalía, la Policía Nacional y los jueces”, entre sus declaraciones manifestó que en el caso del prefecto del Guayas con mucho asombro conoció que un juez no aceptó la petición de prisión preventiva hecha por fiscalía para el prefecto del Guayas, que la fiscalía ha hecho su trabajo y la policía nacional también dejando en entredicho que la Administración de Justicia es la culpable de la corrupción en el país, prácticamente por no aceptar sus petitorios y que por ser esto se permitiría seguir robando a los Ecuatorianos.
La labor que realiza la fiscalía era necesaria ya era hora que a los 3 años comience a dar muestras de su capacidad, pero no tengo por qué agradecer ni felicitar ese es su trabajo mejor hacerlo tarde que nunca, pero debe hacerlo respetando la Constitución y la Ley, y no aprovecharse de la efervescencia popular para violentar derechos .
Dentro de este contexto mediático, pseudo, efectivo y populista de lucha contra la corrupción se vuelve necesario analizar los hechos y los derechos dentro del caso que lo he denominado Fiscalía Vs Prefecto del Guayas;
La fiscalía formula cargos en contra del Prefecto del Guayas por el delito de tráfico de influencias el cual según lo establece el artículo 285 del COIP su pena máxima es de 5 años , ante este hecho debemos suponer que en el supuesto que el prefecto del Guayas sea declarado culpable o responsable penal, su pena sería de 5 años, ante este hecho, hasta el más lego de los abogados penalistas conoce y con toda certeza que la señora Fiscal General también conoce que cualquier condenado por un delito cuya pena sea no mayor de 5 años y con los demás requisitos legales puede interponer el recurso legal de suspensión condicional de la pena establecido en el artículo 630 del COIP.

 

Dentro de esta línea de razonamiento tenemos que la fiscalía en pleno dominio de la acción penal y del tipo penal por el cual formuló cargos, tenía pleno conocimiento que ante una eventual sentencia esta sería suspendida por que así la ley lo dispone, entonces la actuación de fiscalía podremos calificarla por decir lo menos incongruente , ambigua y arbitraria, pretendiendo que se dicte la prisión preventiva de manera desproporcionada violentando los derechos del imputado que hoy fue el prefecto, pero puede ser cualquiera mañana, ante estas pretensiones desmedidas de fiscalía que supongo obedecen a otras consideraciones, entonces tenemos que la administración de justicia niega con toda solvencia jurídica estas desproporcionadas peticiones y aplica el derecho de manera correcta, imparcial e independiente , y como resultado tenemos a una Fiscal General atribuyendo sus frustraciones propias de un trabajo legal mal elaborado el cual eventualmente encontrará un juez como fue en este caso un juzgador que aplique la constitución y ley como debe hacerse .
Si un procesado cumple con los requisitos legales para no ser privado de su libertad y se aplique la figura de suspensión condicional de la pena ¿ escaparía ?, bastante improbable ahora ante esta realidad , ¿es justo que ante este escenario se pretenda tener privado de la libertad al imputado? Definitivamente no lo es, pero tampoco es Constitucional.
Si realmente la fiscalía hiciera bien la tarea que afirma realizar en este caso debemos hacernos las siguientes preguntas: 1.- ¿por qué razón la fiscalía no formuló cargos en contra del Prefecto del Guayas por el tipo penal de peculado que establece una pena de hasta trece años artículo 278 COIP en donde se justificaría la necesidad de una medida cautelar extrema como la prisión preventiva? 2.- ¿por qué razón la fiscalía no formuló cargos en contra del Prefecto del Guayas por el tipo penal de enriquecimiento ilícito que establece una pena de hasta diez años artículo 279 COIP en donde se justificaría la necesidad de una medida cautelar extrema como la prisión preventiva?
Estoy convencido de que si queremos permitir el desarrollo de una verdadera independencia judicial, este tipo de hechos son los que demuestran que vamos en buen camino, y no como pretende hacer creer que los jueces deben acceder a las mal elaboradas investigaciones y teorías del caso y abusos contenidos en las pretensiones de fiscalía y pretender seguir con las vieja práctica que consistía en que los jueces suplan los errores o sean cómplices de atropellos a la ley y los derechos de los Ecuatorianos por parte de fiscalía.
No todo son malas noticias la fiscalía si realmente desea investigar y buscar la sanción de los corruptos y ver privados de la libertad provisionalmente a los imputados en lugar de salir en medios a trasladar su responsabilidad debe y está a tiempo de reformular cargos y lograr sus objetivos con la constitución y la ley no con prepotencias y abusos.

Ab. Juan Carlos Quintana W.

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